Desde hace nueve meses, Natalia Escobar Viasus lidera la línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, donde impulsa estrategias para garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables frente a los impactos ambientales. Además, representa a su organización en el Consejo Asesor de IRI-Colombia, contribuyendo con su experiencia a la construcción de una agenda interreligiosa y social en defensa de los bosques tropicales.
Desde temprana edad, Natalia Escobar Viasus mostró un profundo interés por las dinámicas territoriales, lo que la llevó a formarse como socióloga y especializarse en Planeación Territorial. Esta visión ha orientado su trayectoria profesional como socióloga, enfocada en acercar las políticas públicas a las realidades y saberes de las comunidades, promoviendo procesos más justos, participativos y sostenibles.
“La especialización me permitió conocer herramientas de los temas ambientales y ordenamiento, pero quería estudiar algo que permitiera un diálogo entre la sociología y el territorio”, señala sobre las razones que la llevaron a hacer una maestría en Geografía, con énfasis en geografía humana, y profundizar un poco más en las relaciones entre espacio, sociedad y naturaleza.
Para la vallecaucana, el territorio no puede entenderse únicamente como un espacio físico o administrativo, sino como un tejido vivo construido por las personas que lo habitan, lo cuidan y lo transforman.
A lo largo de su carrera profesional, la representante de Dejusticia ante el Consejo Asesor de IRI-Colombia, ha ahondado en dos vertientes de conflictos socioambientales: los ecosistemas de páramo y la deforestación amazónica.
Sobre la primera reconoce que ‘aterrizar’ los componentes técnicos de las líneas de política ambiental a los territorios es muy complejo, porque muchas veces requiere comprender a los pobladores de zonas con importancia ambiental no sólo como actores sociales que generan un impacto negativo, sino también tratar de comprender sus nociones del ambiente y sus prácticas de conservación.
“En una de mis investigaciones identifiqué un diálogo entre lo que las comunidades concebían como un páramo, que es sujeto de conservación, y su relación con el agua. Para ellos no tenía sentido la delimitación del páramo como una línea abstracta. Lo entendían como una red de agua y les resultaba muy importante su lugar de nacimiento. Por primera vez escuché hablar del concepto ‘sembrar agua’ para referirse a la recuperación de fuentes hídricas”, explica.
La segunda línea de trabajo a la cual ha dedicado gran parte de su vida profesional, en especial desde que se integró a Dejusticia, hace casi tres años, es el fenómeno de la deforestación amazónica.
“Me impacta mucho cómo un hecho de transformación de la naturaleza está asociado con redes –algunas lícitas y otras ilícitas–; cómo en sí misma genera un motor económico que, en la Amazonia, está muy arraigado y ha sido parte de su historia, como ha sucedido con las bonanzas económicas”, subraya la investigadora quien desde hace nueve meses lidera la línea de Justicia Ambiental de esta organización.
Esta es apenas una de las 13 líneas y áreas de trabajo abordadas por Dejusticia, que cumple dos décadas de existencia el próximo 22 de agosto.
Algunas de ellas son Estado de Derecho, Justicia transicional, Sistema judicial, Tierras y Campesinado, Justicia fiscal y Litigio estratégico, dentro de la cual se realizó todo el proceso jurídico que desembocó en la Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia.
“Dentro de su génesis, nuestra organización tiene algo que ha denominado investigación anfibia. Esto es hacer investigación para la acción y la incidencia. Somos un centro de pensamiento, pero no solo con el fin de publicar libros, sino de llevar lo que aprendemos a un espacio de incidencia concreta para la transformación social”, subraya la socióloga.
Dejusticia ha desarrollado investigaciones sobre la caracterización de diversos motores de la deforestación, entre ellos, la ganadería extensiva.
En alianza con la Environmental Investigation Agency ha realizado análisis de los vacíos de la cadena de suministro de carnes, que dificultan el control de la actividad ganadera y su impacto en la deforestación. Así mismo, en asocio con la Embajada del Reino Unido desarrolló una investigación sobre el control de la deforestación, que aborda los vacíos jurídicos de la política punitiva asociada a los delitos ambientales y su impacto negativo en el control de la deforestación a causa de la ganadería y en los derechos de las comunidades.
Aliados estratégicos
Para nuestra organización, señala la vallecaucana, es vital desarrollar acciones de incidencia política, pues la democracia no se limita a las elecciones, sino que las organizaciones, en sus diferentes niveles, pueden contribuir con la protección del Estado Social de Derecho.
Pese a que no adelanta acciones de cabildeo en el Congreso de la República, Dejusticia reconoce que se puede avanzar en la protección de derechos a través de la aprobación de leyes.
En este sentido, la investigadora resalta la importancia de que los proyectos de Ley estudiados en el Congreso recojan las voces de las comunidades locales y reconoce la capacidad de IRI-Colombia de llegar a territorios donde muchas organizaciones no llegan y tener una comunicación, uno a uno, con las comunidades.
Ese diálogo entre la Iniciativa y el territorio es importante, afirma, no sólo para que las comunidades estén enteradas de las decisiones que ya existen, sino para recoger sus voces y ayudar a conocer lo que sucede en la Amazonía.
“Esas voces deberían tenerse en cuenta en las decisiones de política pública. IRI-Colombia tiene una capacidad enorme de contar lo que sucede a nivel local. Tenerlos como aliados, que conocen y dialogan con los territorios, nos permite aprender y tender ese puente con las comunidades, que para nosotros es muy valioso”, enfatiza.