La naturaleza ya no puede ser entendida únicamente como un recurso. Desde una perspectiva ecocéntrica y de derechos, la Amazonía plantea nuevos desafíos al Congreso. Durante la Clínica Legislativa de la Jornada de Inmersión Científica Amazónica de IRI-Colombia, la Defensoría del Pueblo presentó herramientas normativas y recomendaciones para responder a la crisis ambiental y climática del bioma.
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“Sin naturaleza no hay desarrollo y tampoco paz”, subrayó la defensora delegada para Derechos Colectivos y del Ambiente, Érika Castro Buitrago, quien resaltó la urgencia de un cambio de paradigma en la visión de nuestro país. La experta de la Defensoría del Pueblo dictó la conferencia “La Amazonía frente al orden constitucional: marco estructural, derecho y territorio en la frontera de la crisis climática”, en el marco de la Clínica Legislativa de la Jornada de Inmersión Científica Amazónica 2026, de IRI-Colombia.
Durante su ponencia, la abogada ofreció a los congresistas que participaron en el encuentro un panorama legislativo que respalda este nuevo paradigma y les brinda herramientas normativas útiles para legislar sobre la Amazonía durante este cuatrienio. “No solo en el sentido de producir proyectos para que sean sancionados como leyes, sino también para racionalizar leyes, es decir, revisar qué funciona y qué no, y qué se debe armonizar”, aclaró.
Una nueva mirada de la naturaleza
De acuerdo con la jurista, es imprescindible comprender que Colombia dio un giro biocéntrico en 2016, cuando la Corte Constitucional determinó que el enfoque sobre la naturaleza y sus derechos, plasmados en la Constitución Política, es ecocéntrico.
Esta nueva visión exige una transformación en las creencias, los supuestos, las metodologías y las formas de entender la realidad.
“La naturaleza dejó de ser un recurso o una cantera y hoy es un sujeto. La Amazonía, por ejemplo, fue declarada por la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia 4360, como un territorio sujeto de derechos”, señaló la defensora delegada, quien instó a los congresistas a ‘sentar’ a la naturaleza en las discusiones legislativas.
“En cada espacio de toma de decisiones preguntamos: ¿Ya habló con el río? ¿Ya entendió cómo se está manifestando la naturaleza? Si vemos que no lo han hecho, entendemos que todavía están en un paradigma anterior al de 2016”, señaló Érika Castro Buitrago.
Castro Buitrago presentó cinco documentos clave que, además de mostrar un panorama general de la gestión normativa sobre la Amazonía, brindan recomendaciones al gobierno colombiano para solucionar los problemas más recurrentes sobre derechos humanos y derechos de la naturaleza.
El primero es la Alerta FIO 001 de abril de 2024, desarrollada por la Federación Iberoamericana de Ombudsperson –a la cual pertenece la Defensoría del Pueblo–. Este trabajo, elaborado por Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia, pide a dichos Estados identificar las amenazas más graves al bioma y presenta cuatro escenarios de riesgo. Entre ellos, uno de los más críticos se refiere a la situación de amenaza que enfrentan las personas defensoras del ambiente.
Algunas de las recomendaciones del documento son la necesaria integración de los Estados amazónicos, la ampliación de los presupuestos de las autoridades ambientales, la integración de legislación y políticas públicas, la creación de incentivos a la conservación forestal en zonas privadas y el control político del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente y de derechos de los pueblos indígenas.
Una alerta y una advertencia
La Defensoría del Pueblo también se ha referido en múltiples ocasiones a la crítica situación de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales y ambientales. En la Alerta Temprana 007 de 2024, advierte sobre los riesgos que estos enfrentan en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada.
Además de plantear el problema, la Alerta sugiere como solución implementar medidas de protección colectiva para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con otras entidades, como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior.
De otra parte, el documento expone los mecanismos que emplean los grupos al margen de la ley para incumplir la normatividad ambiental, creando sus propias regulaciones ambientales en el territorio.
“Hay graves amenazas para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”, subrayó Érika Castro Buitrago.
El tercero, llamado Documento de Advertencia: gestión integral de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad en Colombia, de 2024, “es el único que contiene recomendaciones al Poder Legislativo y presenta un diagnóstico sobre los ecosistemas en Colombia y su protección”, aseguró Castro. Allí se recomienda diseñar, analizar y profundizar en las estrategias y medidas orientadas a intervenir en los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que afectan a los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad del país.
El cuarto documento presentado por Castro, Informe de advertencia coyuntural de riesgo de violaciones de derechos humanos Macizo Colombiano 2024, presenta los desafíos ambientales y sociales en las comunidades de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá, Putumayo y Valle. Aunque cada departamento tiene sus propias amenazas, la minería ilegal, la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la violencia generada por grupos armados son problemas comunes de la región.
El clima extremo y la Amazonía
Las causas y los riesgos asociados a la deforestación, los cambios en el uso del suelo, la dificultad de acceso al agua para las comunidades y la ocurrencia de sequías e inundaciones en la Amazonía son los temas investigados en el quinto documento recomendado por Castro, Manifestaciones climáticas extremas de la cuenca y el bioma amazónico: sequía e inundaciones.
Elaborado por la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, de la Defensoría del Pueblo, el informe plantea 30 recomendaciones dirigidas a más de 11 entidades del Gobierno nacional.
Dentro de las sugerencias, Érika Castro Buitrago destaca tres: consolidar un régimen de usos del suelo que asigne a cada zona una categoría de manejo acorde con sus características ecológicas, para garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la naturaleza; fortalecer la coordinación entre las autoridades e instituciones de los países amazónicos para enfrentar estos desafíos; y evaluar de manera permanente la situación de los líderes, lideresas y pueblos indígenas que permanecen en riesgo debido a su trabajo en la defensa del territorio y del ambiente.
Adicionalmente, la defensora delegada hizo un especial llamado de atención sobre los posibles impactos del inminente fenómeno de El Niño, que en el pasado ha producido no solo consecuencias ambientales sino que ha agudizado la vulneración de derechos fundamentales de la población como el acceso al agua, la seguridad y la soberanía alimentaria, la salud, la educación, la movilidad, la vivienda digna, e incluso el riesgo de reclutamiento forzado de menores.
Visión crítica de la Defensoría frente a las licencias ambientales
Otro de los factores que han contribuido a incrementar los conflictos ambientales en el país es la exploración minera y de hidrocarburos, de acuerdo con la defensora delegada. “Es escandaloso que, en Colombia, estas actividades no tengan licenciamiento ambiental y ni siquiera estudios de impacto”, advirtió.
Por esta razón, para Érika Castro Buitrago es necesaria la reflexión sobre la normativa relacionada con este tipo de actividades; los mecanismos de articulación entre la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para la entrega de contratos; y las licencias existentes en el país y su manejo.
“La Amazonía concentra tres de las mayores crisis ambientales del planeta: la contaminación, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático”, apuntó Érika Castro Buitrago.
A su juicio, parte del problema radica en la discrecionalidad administrativa, sin estudios técnicos de base, con la que los gobiernos han regulado este tema, sin obtener hasta el momento los resultados esperados. Por esta razón, invitó a los congresistas presentes a abrir la discusión sobre el modelo y conformación de las autoridades ambientales y su efectividad ante los retos de la Amazonía.
El balance de la segunda sesión de la Clínica Legislativa es que Colombia cuenta con herramientas para actuar: diagnósticos detallados sobre los principales problemas que enfrenta el bioma amazónico y recomendaciones construidas a partir de la investigación científica y el trabajo de expertos. El reto para los nuevos legisladores es traducir ese conocimiento en acciones concretas: garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y promover nuevas leyes que respondan a los vacíos identificados.
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“Otro documento que pueden consultar es la cartilla Hacer ambiente a los derechos, una herramienta para formular proyectos de ley o participar en audiencias ambientales. Esta permite a las poblaciones diagnosticar si las autoridades cumplen con el Acuerdo de Escazú”, recomendó Érika Castro Buitrago.