Colombia se posiciona como el único país del bioma amazónico que ha transformado su ordenamiento político al reconocer a las comunidades indígenas plenos derechos de administración sobre sus territorios. Este avance es una pieza fundamental para la preservación ambiental, ecosistémica y cultural, tanto de la región como del país.
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“No puede haber preservación de la Amazonía si no hay derechos realizados efectivamente en el territorio”, advirtió Juan Camilo González durante la primera sesión de la Jornada de Inmersión Científica Amazónica 2026, de IRI-Colombia.
En su conferencia “Entidades territoriales y gobernanza indígena: pilares de la estabilidad amazónica”, el director de la Fundación Territorios en Común brindó un panorama completo sobre las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los avances en su implementación y su potencial como herramienta para salir de la crisis moral civilizatoria por la cual atraviesa el planeta.
En la actualidad, el 65 % de la deforestación nacional sucede en esta región, con focos críticos en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Este flagelo no solo arrasa la selva, sino que también interrumpe el flujo de nutrientes y fractura la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía, amenazando no solo la biodiversidad, sino la dignidad humana de sus habitantes.
“Sin la Amazonía no hay estabilidad climática global, pero sin gobiernos indígenas, no hay Amazonía”, enfatizó el subdirector de la Fundación Etnollano, Juan Camilo González.
Fenómenos como la deforestación de la Amazonía, la crisis climática, la gobernanza criminal de grupos armados y el impacto de la minería y otros procesos extractivos —que contaminan las fuentes hídricas y ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los pueblos indígenas del bioma amazónico—, son manifestaciones de esta crisis.
Es aquí donde entra en juego el saber indígena, que durante siglos ha logrado una convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza.
Muchos de los términos con los que se autodenominan los pueblos indígenas están relacionados con el concepto ‘gente’, relató el experto. Tal es el caso del pueblo tucano, que se reconoce como Ye’pâ-masa, cuyo significado es gente del territorio. “No es superficial reflexionar sobre cómo los pueblos se nombran a sí mismos”, resalta el antropólogo, pues al hablar de gente se hace referencia a una serie de relaciones de parentesco, de reciprocidad y de obligaciones comunes.
En el caso de la mayoría de los pueblos indígenas amazónicos esto también abarca también a seres no humanos. “Incluye seres espirituales, animales o elementos del territorio”, agregó.
“Los pueblos indígenas y su gobernanza son una pieza real para la conectividad, la conservación de la biodiversidad y la sobrevivencia de todos los seres humanos”, expresó Juan Camilo González.
Estas relaciones de parentesco modulan la relación con la naturaleza. Por ejemplo, para el pueblo Whótuha la danta es su tío y, por tanto, existe una obligación familiar de cuidado, responsabilidad, respeto y reciprocidad.
“En esa idea de la reciprocidad es donde está el fundamento del gobierno propio”, señaló González, pues es en función de esas relaciones que los pueblos indígenas organizan el territorio, la producción de alimentos, la forma como interactúan con los otros o con el Estado, o como toman decisiones políticas de ordenamiento territorial.
Gracias a esta forma de entender su lugar en el mundo, las comunidades ancestrales son las principales protectoras del bosque. El 99.5 % de la cobertura natural amazónica permanece intacta en los territorios en donde ejercen su gobierno propio de forma integral, “algo que ninguna otra figura de conservación –del Estado o de organizaciones privadas– ha logrado en Amazonía colombiana”.
Un largo camino
De acuerdo con el antropólogo, la conformación de las ETI es una de las transformaciones más importantes que ha tenido el ordenamiento político-administrativo del país en los últimos años, pues finalmente se logró reconocer a los gobiernos indígenas como autoridades públicas del Estado. Un hecho sin precedentes que podría marcar un antes y un después en la gestión del bioma amazónico.
Para González, es necesario abordar el tema de la gobernanza indígena desde la gobernanza biocultural, un sistema integrado de normas, valores, conocimientos tradicionales, toma de decisiones y prácticas que ordenan el manejo de la economía y contribuyen al cuidado de la vida.
“En un encuentro en Putumayo, varios líderes indígenas se manifestaron sobre los impactos de la explotación petrolera. La contaminación de las fuentes hídricas hace que los pueblos pierdan la capacidad de usar su territorio para alimentarse”, señaló Juan Camilo González.
Esa gobernanza biocultural está conformada por cuatro pilares: los sistemas de conocimiento y las formas de vida, los fundamentos que organizan la vida social y ecológica de los pueblos indígenas en los territorios; el gobierno propio y los procesos organizativos, que se refiere a las formas de organizar la autoridad indígena en relación con el Estado, pero también hacia adentro de los territorios; el ordenamiento territorial basado en el conocimiento tradicional; y la interculturalidad, que se refiere a la necesidad de tener herramientas de diálogo con elementos en común que permitan entender estas formas distintas de ver el mundo, de manejar el territorio y de organización de los pueblos indígenas.
“Cuando decimos que es importante implementar entidades territoriales indígenas en la Amazonía y en todo el país, buscamos llegar a estas cuatro condiciones”, resaltó el antropólogo, quien ha venido acompañando varios procesos de implementación de ETI en Guainía.
Las ETI se crearon con la Constitución Política de 1991. Según el artículo 286, en la organización político-administrativa del país hay cuatro categorías de entidades territoriales: departamentos, municipios, distritos y entidades territoriales indígenas (ETI); sin embargo, pasaron casi 35 años para que estas últimas se implementaran, pues solo hasta el 17 de diciembre de 2025 se firmaron los decretos presidenciales que las hacen efectivas.
El 10 de abril de 2018 se emitió el Decreto 632, primer instrumento normativo que las pone en funcionamiento y reconoce sus estructuras de Gobierno Propio como autoridades públicas del Estado colombiano.
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El 1 de mayo, durante la Minga Indígena del 2025, se avanzó en la creación del Decreto 488 de 2025, que llenó algunos vacíos del Decreto 632 de 2018, especialmente sobre el financiamiento de las ETI y la posibilidad de crearlas en todo el país. También se desarrollaron los decretos 480 de 2025 (SISPI), 481 de 2025 (SEIP) y 482 de 2025 —este último enfocado en el régimen transitorio del territorio indígena de la Alta Guajira—, además del Decreto 462 de 2025, orientado al catastro multipropósito indígena. Finalmente, el 17 de diciembre de 2025 se pusieron en funcionamiento las primeras ocho ETI del país, y para 2026 hay nueve formalizadas, con 23 consejos indígenas registrados y en proceso de reglamentarse.
Las ETI en funcionamiento
Para entender su papel en la administración del territorio, durante su conferencia, Juan Camilo González explicó: “De la misma manera que una gobernación tiene un gobernador y un municipio tiene una alcaldía, las ETI tienen un consejo indígena de gobierno que se conforma de manera voluntaria, definido por las autoridades tradicionales de cada territorio y escogido según sus usos y costumbres”. Cada comunidad indígena define cómo funciona ese consejo: si se elige por votación, si son miembros vitalicios o si todo se realiza por consenso. Es decir, estructura un gobierno propio desde su cultura y su sistema de pensamiento.
Según el director de la Fundación Territorios en Común, el éxito de las ETI depende de que el Estado garantice su autonomía en tres frentes: el político, que define la estructura de gobierno propio; el administrativo, que faculta a los pueblos indígenas para diseñar e implementar sus políticas públicas en una relación horizontal y de iguales con el Estado; y el financiero, orientado a la administración directa de sus recursos públicos.
Para avanzar con este modelo se requiere un pacto intercultural de contenidos políticos y administrativos. Para ello, es indispensable que los funcionarios públicos comprendan la lógica de los territorios ancestrales y que, recíprocamente, los líderes indígenas dominen la estructura institucional del Estado para garantizar una articulación efectiva.
De esta manera, el mapa político-administrativo de Colombia empieza a transformarse más allá del papel. No se trata de un cambio inmediato, sino de un proceso progresivo que busca integrar el conocimiento técnico del Estado con los saberes ancestrales, unificando esfuerzos en favor de la preservación integral del bioma amazónico.
“En ninguno de los otros países de la Amazonía existe una figura de reconocimiento de estas formas de gobierno indígena”, apuntó Juan Camilo González, subdirector de la Fundación Etnollano.